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(Expansión, 15-10-2025)

La Agencia Tributaria lanza la solución gratuita de facturación para cumplir con Verifactu

Los empresarios y autónomos ya tienen disponible la nueva aplicación de facturación de la Agencia Tributaria, una herramienta que les permitirá adaptar sus sistemas a las exigencias que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. Además, esta misma aplicación servirá en el futuro para cumplir con la obligación de emitir facturas electrónicas. A falta de poco más de dos meses para que empiecen a aplicarse las nuevas obligaciones de la Ley Antifraude a las primeras empresas, la Agencia Tributaria (AEAT) lanzó este lunes su aplicación gratuita de facturación, que ya incorpora los requisitos del sistema de verificación de facturas, conocido como Verifactu. Según explicó la propia AEAT, esta herramienta permitirá a autónomos, profesionales y pequeñas empresas "con un volumen reducido de facturas" emitirlas de forma electrónica y enviar sus registros directamente a la Agencia Tributaria, cumpliendo con las exigencias de los nuevos Sistemas Informáticos de Facturación (SIF). De esta manera, las microempresas, pymes y trabajadores por cuenta propia que utilicen esta solución pública y gratuita no necesitarán contratar a proveedores privados de software, aunque estos ya estaban obligados desde el 29 de julio a adaptar sus programas a la normativa antifraude. Fuentes de la Inspección de Hacienda señalan que esta primera versión de la aplicación es "una herramienta básica, presentada como un formulario dentro de la sede electrónica, de manejo muy sencillo y dirigida principalmente a microempresas y autónomos". Además, la plataforma también permitirá cumplir con las futuras obligaciones de facturación electrónica entre empresas, generando documentos en formato UBL adaptado a los estándares de la Unión Europea. No obstante, esta obligación aún podría tardar más de un año en aplicarse, ya que el Ministerio de Hacienda todavía no ha publicado el reglamento definitivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por ahora, y en lo relativo a Verifactu, la herramienta de la Agencia Tributaria permite emitir facturas que cumplen con todos los nuevos requisitos, incluyendo un código QR que enlaza con los datos de verificación para los clientes, y registra automáticamente la operación en la sede electrónica de la AEAT. Para acceder al sistema, los empresarios y autónomos deberán identificarse mediante firma digital, DNI electrónico o el sistema Cl@ve PIN. Es importante destacar que el programa solo admite facturas que incluyan la identificación completa del cliente, por lo que será necesario introducir sus datos manualmente. Desde la entrada en vigor de la obligación para los fabricantes de software de cumplir con la Ley Antifraude -que prohíbe, entre otras cosas, los programas que faciliten la contabilidad paralela-, todas las empresas, sin importar su tamaño, deberán adaptar sus sistemas antes del 1 de enero de 2026. En el caso de los trabajadores autónomos, el plazo se amplía hasta el 1 de julio del mismo año. A partir de esa fecha, todos los contribuyentes que emitan facturas deberán enviar los datos correspondientes a la Agencia Tributaria y permitir que sus clientes comprueben si cumplen con sus obligaciones fiscales. Por su parte, la implantación obligatoria de la factura electrónica se retrasará uno o dos años desde la publicación del reglamento pendiente, dependiendo del volumen de facturación anual de cada empresa: si supera o no los ocho millones de euros.

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(Expansión, 15-10-2025)

Los asesores fiscales reclaman una revisión integral de las consultas tributarias a Hacienda

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha presentado un amplio informe en el que denuncia que el sistema español de consultas tributarias, sin modificaciones en más de veinte años, se ha quedado desfasado y necesita una profunda reforma que lo modernice y lo acerque a los modelos de las principales economías europeas. Según la Aedaf, el actual mecanismo de consultas tributarias está "completamente obsoleto" y requiere una revisión integral que garantice el verdadero carácter vinculante de las respuestas emitidas por la Dirección General de Tributos (DGT). Así lo manifestaron durante la presentación de un documento remitido al Ministerio de Hacienda, en el que proponen una serie de cambios estructurales para actualizar el sistema. Los asesores fiscales advierten de la "grave inseguridad jurídica" que provoca la falta de evolución del modelo español, cuyo marco legal permanece inalterado desde hace más de dos décadas. En contraste, países como Italia o Francia han desarrollado sistemas más avanzados: el primero dispone de más de seis tipos diferentes de consultas, y el segundo ofrece mayores garantías sobre su carácter vinculante. El informe, elaborado por el Consejo Asesor Institucional de Aedaf y César García Novoa -coordinador del grupo de expertos en Derechos y Garantías del Contribuyente y Práctica Tributaria de la asociación-, identifica cinco grandes deficiencias en el actual sistema. La primera es que la DGT resuelve consultas basadas en hechos "descritos de forma abstracta", lo que, según los asesores, provoca que las respuestas sean "meramente orientativas" y dependan de circunstancias que luego pueden ser verificadas por la Inspección. Esto genera incoherencias, ya que los criterios aplicados por la Inspección a menudo difieren de los establecidos por la DGT. El segundo problema señalado es que las consultas tributarias no resultan vinculantes para los tribunales, pese a que la ley establece lo contrario. De hecho, el Tribunal Supremo ha determinado que, aunque la Administración no siga el criterio de la DGT, no procede anular una liquidación si el juez respalda otra interpretación. Por ello, Aedaf considera urgente "actualizar el régimen normativo" y reforzar la seguridad jurídica. Asimismo, los asesores critican que el plazo legal de seis meses para responder una consulta resulta poco útil para ofrecer certeza a los contribuyentes, especialmente en un contexto de cambios de criterio de la Administración. Este retraso puede obligar a los contribuyentes a aceptar interpretaciones más gravosas durante los procesos de regularización. Entre las reformas propuestas, destaca la introducción del llamado "silencio positivo": si la DGT no contesta en el plazo de seis meses, se entendería aceptado el criterio planteado por el consultante. Esta medida ya existe en países como Francia e Italia y, según la Aedaf, contribuiría a reforzar la confianza de los contribuyentes. La asociación también plantea reforzar el carácter vinculante de las consultas, especialmente respecto a los impuestos gestionados por las comunidades autónomas, que a menudo no siguen el criterio de la DGT. Además, propone la creación de mecanismos de coordinación entre administraciones y la puesta en marcha de un órgano especializado que atienda específicamente la realidad empresarial. En definitiva, los asesores fiscales reclaman una modernización profunda del sistema español de consultas tributarias para dotarlo de mayor seguridad jurídica, coherencia y eficacia, alineándolo con los estándares europeos.

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